En febrero de 2023, una colaboradora de ANSE detectó dos cadáveres de perros con evidentes signos de envenenamiento en Ulea, comunicando el caso a Agentes de la Guardia Civil.
En una reciente nota del instituto armado, se ha hecho pública la investigación en curso que ha culminado con la detención de un sospechoso.
ANSE pide al Consejero Juan María Vazquez que se proceda a la clausura del coto en virtud del artículo 336 de la Ley 42/2007, algo que hasta la fecha la Comunidad Autónoma ha rechazado en casos similares.
En el marco de una programa de seguimiento de fauna silvestre, una colaboradora de la Asociación de Naturalistas del Sureste localizó, en el mes de febrero de 2023, dos cadáveres de perros en Ulea los cuales presentaban evidentes signos de envenenamiento. La localización de los perros fue comunicada a Agentes de la Guardia Civil que levantaron los cadáveres y pusieron en marcha la correspondiente investigación.
Según una nota publicada ayer por diversos medios de comunicación, la Guardia Civil ha desarrollado una investigación en un coto deportivo de Ulea que se ha saldado con la detención de un sospechoso que ha sido puesto a disposición del Juzgado de Cieza. La misma nota indicaba que el análisis realizado en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle detectó la presencia de aldicarb, un pesticida prohibido desde 2007 pero muy empleado en delitos de envenenamiento de fauna silvestre.
Por todo lo anterior, la Asociación de Naturalistas del Sureste ha remitido un escrito al Consejero competente en Medio Ambiente, Juan María Vazquez, para que en virtud de lo previsto en el artículo 65 de la Ley 42/2007 se proceda a la suspensión total de los derechos de caza. Esta medida ampliamente aplicada en el contexto nacional y que goza de respaldo jurídico*, no se está aplicando en la Región de Murcia en los casos de envenenamiento, a pesar de las múltiples peticiones realizadas por los grupos conservacionistas en el seno del Consejo Asesor de caza y pesca fluvial antes de su abandono por su ineficacia.
El uso de cebos envenenados para el control de depredadores es un delito según el artículo 336 del Código Penal y supone una grave amenaza para la biodiversidad. Así y según la Estrategia Nacional contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural entre 1990 y 2003, se recogieron más de 6.500 casos de envenenamiento de aves y mamíferos, afectando a 2.887 individuos de especies amenazadas**. Las estimas realizadas por el LIFE Veneno* nos hablan de unos 9.000 animales muertos al año por esta causa en toda España. Por todo lo anterior, la Asociación considera que es hora de adoptar medidas contundentes ahora que se trabaja en la reintroducción del lince ibérico o que el quebrantahuesos ya campea en las montañas de la Región de Murcia.
