Parece increíble, pero es una realidad, en el siglo XXI la Consejería de Educación de Murcia junto a la Dirección General de Función Pública sigue discriminando y segregando a los/las menores de edad por tener una discapacidad.
Dos familias del municipio de Ulea, respectivamente, presentaron la solicitud de admisión de sus hijos de 3 años (Emma y Yeray) en el CEIP “Villa de Ulea”, como el resto de niños/as de su ciudad, con la salvedad de que ellos han tenido que presentar junto a la solicitud de admisión un dictamen de escolarización realizado por el Equipo de Orientación Educativo y Psicopedagógico (EOEP) de la zona, que especifica las necesidades educativas especiales (NEE) que tienen sus hijos, y dónde aparece la necesidad de un Auxiliar Técnico Educativo (ATE) entre otros recursos educativos.
El problema surge cuando ambas familias se encuentran con que no son admitidas en el CEIP “Villa de Ulea” por falta del recurso de un ATE en ese centro, siendo admitidos en el CEIP “Nuestra Sra. de la Asunción” de Villanueva del Río Segura, en el municipio vecino.
En este colegio donde han sido asignados, ya cuentan con otro alumnado con NEE a los que tiende el ATE, con la consiguiente segregación.
La Consejería de Educación justifica esta medida en la optimización de los recursos humanos, y la Dirección General de Función Pública que los recursos económicos son limitados.
La Asociación “Martín Espejo” de Familias por la Inclusión Real (AMEFIR), de donde son socias ambas familias, se pregunta ¿hasta dónde está justificada para la Consejerías de Educación y la Dirección General de Función pública esa optimización de recursos cuando se están incumpliendo los derechos de la infancia más vulnerable y sus familias? Ambas Consejerías olvidan que los niños y niñas con discapacidad se verán obligadas a dejar de compartir aula con sus amigos con los que están ya integrados, a separarse de sus hermanos que están matriculados ya en el Centro educativo “Villa Ulea”, con un coste a nivel social, familiar emocional e incluso económico de las familias; que las familias se ven abocadas a buscar soluciones que afectan su dinámica familiar, personal y laboral, perdiéndose su derecho a la conciliación familiar.
Además, hay que sumar a ello que en el centro educativo que les han designado tienen una ATE que ya atiende a alumnado con necesidades educativas especiales, mermándose de manera considerable la atención y cuidados de todos los menores, porque a esto tenemos que 2 añadir que la jornada escolar de 9 a 14 horas no estaría cubierta por el ATE de Villanueva del Río Segura, ya que tendrá un contrato de 20 horas en lugar de 25 horas para este próximo curso 2021/22.
Tras varias reuniones y peticiones formuladas por AMEFIR, donde se ha expuesto todos los inconvenientes que suponía para estos dos menores y para sus familias, la no matriculación en el CEIP “Villa de Ulea”, la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad ha comunicado verbalmente a AMEFIR que ha solicitado a la Dirección General de Recursos Humanos de Educación un ATE para CEIP “Villa de Ulea”.
Pero en las fechas que estamos, el resto de familias ya se han formalizado las matriculas del alumnado, y aún no pueden asegurarnos que estás dos familias puedan matricular a sus hijos en este centro educativo, porque es la Dirección General de Función Pública quien contrata este recurso educativo.
En AMEFIR, tenemos claro que la libre elección de centro educativo no es para todas las familias de la Región de Murcia.
Cuando la elección de centro conlleva la necesidad de ampliar recursos educativos por las necesidades educativas especiales del alumnado con discapacidad, la Consejería de Educación los deriva sin tu consentimiento y elección, al centro más cercano que sí cuenta con ese recurso educativo, sin plantearse la posibilidad de implantarlo en el centro escogido por la familia, y siendo éste el único recurso que falta para que estos niños puedan escolarizarse en su municipio.
La situación social, familiar y el derecho a una educación de calidad para las menores con discapacidad no se tiene en cuenta.
La Consejería de Educación por encima del bienestar de estas personas menores de edad está la optimización de recursos humanos. A Yeray y a Emma se les está vulnerando sus derechos.
Su derecho a la libre elección de centro educativo, su derecho a la equidad, su derecho a la no segregación
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